A mediados de pasado septiembre acudían al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz varios miembros del equipo de Gobierno local y activistas para declarar por la cancelación en instalaciones municipales de un ciclo de cine israelí en 2017, a raíz de la querella presentada “por delitos de odio” (y prevaricación) por la organización pro-sionista Acción y Comunicación sobre Medio Oriente (Acom), contra el Ayuntamiento de Cádiz y a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). En noviembre se conocía que la Fiscalía no veía nada de eso, y pedía el sobreseimiento provisional de la causa. Y ahora un auto del Juzgado de Instrucción número 1 ha dictado ese sobreseimiento.
En dicho auto, la magistrado-juez expone que “la supresión del ciclo de cine israelí no trae causa en motivos antisemitas o de exclusión por motivos de nacionalidad, ni se atisba en él desprecio a normas elementales de convivencia o dignidad de la persona”. Por tanto, considera que no existe “discurso de odio” tal y como defendían los demandantes.
Desde Acom, a raíz de su denuncia, tan difundida por medios y panfletos de derechas (ya se sabe lo que pasa con cualquier asunto que ‘huela’ a Podemos), lanzaban parrafadas como la siguiente: “los antisemitas enmascarados en un supuesto progresismo, los incitadores al odio, los que están acostumbrados a la impunidad de su violencia mientras se le llena la boca de falso humanitarismo, los que usan fondos de todos para crear una industria de chiringuitos para los amigos de los terroristas, a todos esos que se creían por encima de la ley, de la Constitución, de los tribunales y del resto de los españoles, se les ha acabado la bula. Vergüenza para ellos y conmiseración para las ciudades que los sufren como regidores por la irresponsabilidad de algunos votantes, que deberían reflexionar y tomar nota”.
El auto conocido ahora fundamenta igualmente la inexistencia de un delito de prevaricación en la decisión tomada de cancelar el ciclo de cine israelí, toda vez que sobre la decisión pesa otra de la Junta de Gobierno Local en fecha 12 de agosto de 2016 en la que, por unanimidad, se concretó la adhesión del Ayuntamiento de Cádiz a la campaña ELAI.
La llamada estrategia de Boicot, Desinversiones y Sanción (BDS por sus siglas en inglés) promovida por entidades internacionales e inspirada en la campaña internacional de bloqueo al régimen sudafricano en tiempos del apartheid, incluye esa iniciativa ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) que pretende presionar al Estado de Israel visibilizando su responsabilidad en las graves vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino. “Estas estrategias no tienen en ningún caso contenido antisemita ni se dirigen contra el pueblo judío. Es un Estado, el de Israel, el objetivo de sus denuncias en tanto que responsable directo de las vulneraciones de derechos humanos que se producen diaria y masivamente en su territorio”, recordaban meses atrás desde Nodo BDS de Cádiz.